Interviú   17 de Junio de 2002  
LOS AGUATENIENTES SECAN MURCIA

La Confederación Hidrográfica del Segura deja abiertos más de 1.500 pozos ilegales que han denunciado sus propios funcionarios

Las irregularidades no tienen límite, mientras las autoridades miran hacia otro lado. Al menos 1.500 expedientes que detallan distintos usos fraudulentos del agua en Murcia descansan en los cajones de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Joaquín Vidal     jvidal.interviu@grupozeta.es

fotos:   Ramón Mourelle

El presidente del Gobierno, José María Aznar, visitaba en compañía del ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, y del presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, una empresa modelo de gestión del agua el 26 de septiembre de 2002. En Mulas, el presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, Francisco del Amor, mostraba a los políticos las ventajas de sus modernos regadíos. Entre otros logros, enseñaba a la prensa nacional y las autoridades la informatización de los riegos. Pero los pozos de esta zona tienen un argo historial en la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Tanto ecologistas como agricultores han denunciado que el uso excesivo del llamado Pozo de Corral de Comba ha secado las fuentes del río Mula. También lo ha denunciado la guardería fluvial de la CHS. En sus registros figuran expedientes, de los años 1994 y 1996, por 'funcionamiento de pozo" y "puesta en explotación de sondeo" .El delegado del Gobierno en Murcia ha reconocido por escrito la irregularidad en la tramitación del pozo y las denuncias de la " guardería fluvial, incoándose los expedientes sancionadores" .
Pero no se ha avanzado nada. y no es el único caso. Al menos 1.500 denuncias sobre usos fraudulentos y abusivos de las .aguas públicas del Segura se han quedado sin tramitar en la Confederación desde 1996, a pesar de la insistencia de los funcionarios. interviú ha tenido acceso a estos expedientes, que han sido solicitados por el jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sin que hasta la fecha la CHS haya proporcionado información alguna. Las denuncias son un catálogo de delitos cometidos contra el patrimonio público, como pozos y regadíos ilegales, detracciones de caudal, invasión del terreno de dominio público hidráulico, compraventa ilícita de agua del río... Los denunciantes son tanto particulares como funcionarios de la CHS, guardias fluviales, ecologistas e incluso la Guardia Civil.
Los acusados en estos procedimientos son grandes terratenientes del sureste español y empresas inmobiliarias, campos de golf e incluso personajes de la vida social murciana, como Emilia Ibáñez Martín, familiar del ex presidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo. El fiscal jefe de Madrid ha reclamado las denuncias para apoyar la investigación del juzgado de instrucción número 36 de Madrid, por presuntos delitos de cobro fraudulento de fondos europeos y delitos en el uso de caudales públicos.
Los sumarios a los que ha tenido acceso esta revista fueron presentados desde 1991 hasta hoy y la mayor parte quedaron paralizados en los despachos de la CHS, pese a la insistencia de los funcionarios para que siguieran adelante. Recientemente el presidente de la CHS -organismo que depende directamente del Ministerio de Medio Ambiente-, Juan Cánovas, ha declarado que "vamos a garantizar que en el río Segura circule un caudal considerable, y vamos a proceder a una vigilancia extrema que evite
las extracciones ilegales de agua" .

Los denunciados son grandes terratenientes, empresas inmobiliarias y campos de  golf.
                             Expedientes notables
La mayor parte de las denuncias presentadas ante la CHS se debe a la apertura de pozos ilegales. Por ley, desde 1994 es ilegal abrir nuevos pozos en esta cuenca y está limitada su ampliación. También hay numerosos expedientes abiertos por ampliación o creación de nuevos regadíos. Hay varios expedientes por ambos asuntos a Mariano Roca Meroño, poderoso empresario agrícola y de la construcción procedente de Cartagena, que está imputado en la causa abierta en Madrid por presuntas irregularidades en el cobro de fondos europeos. Las incidencias relacionadas con Roca Meroño son abundantes, tanto a su nombre como al de empresas bajo su control, como Agropecuaria Coro. Asimismo, sus socios en el paraje de El Chopillo-, donde se originaron las investigaciones-, el magistrado Mariano Espinosa de Rueda y sus hermanos, han sido denunciados por explotaciones de sondeos y por plantaciones aparentemente irregulares de regadíos. Son denuncias presentadas en 1996 y 1997, que la CHS no ha resuelto, por lo que sondeos y plantaciones continúan a pleno rendimiento.
Emilia Ibáñez-Martín, familiar de Calvo-Sotelo, fue expedientada por transformación de secanos en regadíos en su finca La Hoya, en el término municipal de Lorca (Murcia), en enero de 1995, sin que hasta la fecha haya resolución alguna por la CHS. Más denuncias están abiertas contra el grupo Agrícola Paloma y sus diferentes sociedades, cuya sede central está en Mazarrón (Murcia). En esta área se han localizado más de 1.500 hectáreas de regadíos supuestamente ilegales. Son también numerosos los procedimientos contra la familia Hernández por apertura de pozos que serían ilegales. Agrícola Paloma es uno de los grupos más potentes de la agricultura industrial murciana. Son muy abundantes los expedientes abiertos contra sociedades inmobiliarias e incluso campos de golf. Es paradigmático, según explican fuentes ecologistas, la situación del campo de golf y urbanización de Torrealta, propiedad de la sociedad Urbis, situado en las proximidades de Molina del Segura. Este campo de golf -principal atractivo para una urbanización de alto nivel muy cercana a la capital- se riega con un pozo de sequía, situado sobre un gran acuífero en el mismo dominio público hidráulico del río Segura. Está tan incrustado eh la zona aluvial del río que el pozo ha sido construido en alto para que las avenidas del río no dañen sus grupos electrógenos. El entonces presidente de la CHS, Juan José Parrilla Cánovas, aprobó en sólo ocho días el riego "exclusivamente del campo de golf con un volumen de 2.000 metros cúbicos diarios" , pese a que sus propios ingenieros elaboraron un informe en el que mostraban serias discrepancias. En 1995 fue denunciada la construcción de un nuevo pozo sobre el mismo acuífero.
Mientras la urbanización Altorreal -situada en un altozano poblado de cactus y retamas- goza de una suave pelusa de césped en forma de greens, los agricultores de la zona han denunciado en varias ocasiones la falta de agua, " que se vende y se nos roba" .

La CHS aprobó en sólo ocho días que un campo de golf se regara con un pozo de sequía

UN TESTIMONIO CLAVE QUE MURIÓ

La enorme relación de expedientes abiertos y frustrados en la Confederación Hidrográfica del Segura puede tener una gran relevancia en los casos en que se ven implicados sus más altos responsables, fundamentalmente en los que se instruyen en el 36 de Madrid y Orihuela.
Según ha podido saber interviú, gran parte de esta información podría haber sido entregada por la jefa de los servicios jurídicos de la CHS , María Vicenta Oliveros, y su pareja, el jefe de prensa de esta institución, Antonio Bernabé. Se da la circunstancia de que ambos fallecieron  -junto a un hijo de seis años de Bernabé- en un terrible accidente de tráfico el pasado 21 de julio en la N-II cuando viajaban a Madrid. En la capital tenían una cita con la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La muerte de los dos funcionarios creó una enorme consternación en círculos de la investigación de estos casos, ya que el testimonio de Oliveros se antojaba clave para esclarecer ambos casos

El campo de golf de Torrealta no es el único que figura en la larga lista de expedientes frustrados en la CHS. La sociedad Inmogolf -propietaria, por ejemplo, del hotel de lujo Hyatt La Manga-, que también dispone de un campo de golf, fue expedientada en agosto del 96 por la apertura de pozos; también en 1997 por otro pozo, en el paraje de Huerta Calesa, cerca de Cartagena. El Acquapark de Torrevieja tiene abierto un expediente por la misma causa, que data de febrero del 96. Hay sociedades, como Congelados Españoles, perteneciente a la familia Ródenas Femández, expedientados por tres pozos diferentes y por venta, al parecer irregular, de agua. Jerónimo Ródenas tiene una cierta relevancia social en Murcia como cofrade mayor de la procesión del Domingo de Resurrección en la capital murciana. Entre los tres pozos se calcula una capacidad de unos 140 litros por segundo, de acuerdo a la documentación de la misma Confederación. Mientras estos expedientes no acaban de prosperar en Palacio de Fontes, sede de la CHS, WWF/Adena ha puesto en
evidencia que distintos pozos secan varios kilómetros del río Mulas (afluente del Segura) y afectan gravemente a su ecosistema. También los regadíos que se mostraban con orgullo a Aznar han motivado una queja ante el Parlamento Europeo de la Plataforma Comarcal del Agua del Noroeste, concretamente por la situación de sobreexplotación en el pozo de El Pradillo.
La proliferación de pozos -hay fuentes que afirman que hay más de los 1.500 expedientados en la CHS- provoca problemas tangibles aguas abajo.
La principal línea de investigación se está siguiendo en el Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, tanto por el posible uso fraudulento de las aguas como por una presunta estafa en el cobro de fondos europeos.

La plataforma Pro-Río dice que "los únicos procesos judiciales con éxito se producen fuera de Murcia"

Arriba, José María Aznar durante su  visita a los regadíos de Mula, que el Gobierno regional cataloga como "modélicos".  Con él, Ramón Valcárcel y Francisco del Amor (entre Aznar y el ministro Jaume Matas). Las denuncias contra estas explotaciones están realizadas ante la CHS.
A la izquierda, en segundo plano, el secretario general de la CHS desde hace
diez años, Gerardo Cruz, aparece detrás
de Juan Cánovas en el juzgado de Orihuela donde se sigue la causa por el  envenenamiento del río Segura.

LOS CAZAPRIMAS DEL AGUA
Las investigaciones sobre el saqueo del Segura se originaron como consecuencia de presuntas irregularidades en la captación de agua y ampliación irregular de regadíos en un paraje clave, El Chopillo, en la comarca del noroeste de Murcia. Aquí están las últimas reservas y acuíferos de una cuenca fluvial tan castigada como la del río Segura.
Una denuncia sobre supuestas irregularidades para obtener fondos de la Unión Europea  al implantar regadíos en una zona devastada por un incendio intencionado dio pie a una investigación que se lleva a cabo desde la fiscalía especial de Medio ambiente y Urbanismo de Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Están imputados hasta el momento los propietarios de esta finca, entre ellos el terrateniente y constructor Mariano Roca Meroño, el magistrado del cuarto turno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Mariano Espinosa de Rueda, y sus hermanos (ver Interviú número 1.364, de junio de 2.002). El presunto fraude, según los limitados expedientes remitidos por el Ministerio de Agricultura al juzgado, rebasa los 600 millones de pesetas. Se da la circunstancia de que el Ministerio de Agricultura olvidó enviar al juzgado los expedientes relativos al magistrado, según informa a Interviú una fuente judicial. Ante la advertencia del Juez, Agricultura ha reconocido su inexplicable error.
Varios cazaprimas aparecen entre los denunciados ante la Confederación Hidrográfica del Segura por abusos con el agua, precisamente lo que provocó las pesquisas en El Chopillo, respaldadas por 97 denuncias del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. En esta Causa se ha personado la Asociación Pro-Río, radicada en Orihuela, ciudad que sufre problemas de salud por la contaminación del Agua.